El pasado martes día 23 el Gobierno del Estado presentaba, en un pleno extraordinario del Parlamento convocado para tal efecto, una Reforma Constitucional para introducir un techo de gasto en la misma. La propuesta contaba con el beneplácito del líder de la oposición, con el que ya había llegado a un acuerdo anteriormente. Es decir, entre dos personas, plegados a las imposiciones de Merkel, Sarkozy y de los mercados financieros, ya habían decidido modificar la ley elemental por la que se rigen nuestros derechos más básicos sin contar con los ciudadanos.
Durante años el PP y PSOE han negado la posibilidad de abrir el melón de la Constitución para adaptarla a la sociedad actual y siempre se han mostrado en contra de cualquier modificación. Ahora, en pleno mes de agosto, con muchos de los ciudadanos de vacaciones, con un Parlamento totalmente agotado y en funciones, han decidido tramitar algo tan importante como una reforma constitucional por la vía de urgencia para que esta sea aprobada el próximo día 2 de septiembre a espaldas de los ciudadanos, sin darles la posibilidad de votar y de expresar su opinión en las urnas. ¿Para qué tantas prisas para aprobar algo que no se aplicará hasta 2018 o 2020? ¿Por qué la Constitución que fue votada por todos los ciudadanos en referéndum ahora la pueden modificar entre solo unos cuantos? ¿Qué significa fijar un techo de gasto? ¿En qúe nos afecta a nosotros?
La inclusión de esta punto en la Constitución viene del Pacto del Euro, aquello contra lo que nos manifestamos el pasado 19 de junio. Las prisas son una consecuencia de la compra de deuda soberana de los Estados español e italiano por parte del Banco Central Europeo (BCE) durante las últimas semanas debido a los ataques especulativos que están recibiendo ambos Estados encareciendo su prima de riesgo. Es decir, son los mercados financieros, los bancos alemanes y franceses, Merkel y Sarkozy, a quienes nosotros no hemos votado ni elegido, quienes, una vez más, están decidiendo sobre la soberanía que nos corresponde a nosotros ejercer.
El establecimiento de un techo de gasto en la Constitución supone que, en etapas de crisis, en donde el Estado no ingresará los mismos impuestos que en épocas de crecimiento, se reducirá la capacidad de la Administración para realizar inversiones, viniendo a alterar gravemente las posibilidades de mantenimiento de nuestros sevicios básicos: sanidad, educación, asuntos sociales, etc., lo que conllevará las privatizaciones de parte de estos servicios, una decisión de gran importancia que no puede quedar en manos de unos pocos porque nos ataña a todos.
Estamos en contra de esta reforma de la Constitución para la cual no nos han consultado. Exigimos nuestro derecho a decidir y a un referéndum vinculante.
